Mientras el Gobierno italiano limita el derecho a la ciudadanía por ius sanguinis a solo dos generaciones retroactivas, la localidad de Alimena, en Sicilia, adopta una postura contraria: ya son 250 los argentinos que se instalaron en este pequeño pueblo de apenas 2000 habitantes con el objetivo de obtener la residencia y tramitar la ciudadanía italiana.
El cambio legal fue introducido por el Decreto Ley 36, impulsado por el vicepremier Antonio Tajani y refrendado por la primera ministra Giorgia Meloni, y apunta a frenar lo que el Gobierno consideró abusos en la obtención de ciudadanía. No obstante, en Alimena, la administración local decidió priorizar la inclusión de los nuevos residentes y continuar facilitando el proceso a descendientes de italianos, sin importar cuántas generaciones los separen.
Según las autoridades locales, el arribo masivo de argentinos, en su mayoría jóvenes y profesionales, ha revitalizado la vida social y económica del pueblo, generando nuevas oportunidades para el comercio, los servicios y el mercado inmobiliario. “Este fenómeno trajo trabajo y movimiento al pueblo. El decreto nos perjudica, pero seguimos apostando por recibir a estos nuevos vecinos”, afirmó Giuseppe Scrivano, intendente de Alimena.
Muchos de los recién llegados adquirieron viviendas en desuso y comenzaron una nueva vida en esta comunidad agrícola y montañosa. Manuel González, técnico agropecuario argentino, explicó: “Es un lugar seguro, tranquilo, y con gente muy humana, aunque conseguir empleo sigue siendo una dificultad”.
La presencia argentina ha generado reacciones diversas entre los habitantes. Mientras muchos locales expresan gestos de hospitalidad, otros se muestran más reservados. Aun así, la integración continúa, en medio de un debate creciente sobre el vínculo entre Italia y sus millones de descendientes en el exterior.
En paralelo, el 3 de mayo, cientos de italodescendientes de Argentina, Brasil, Uruguay, Estados Unidos y Australia se manifestaron en Roma en defensa del derecho a la ciudadanía. De momento, el Gobierno italiano no emitió declaraciones sobre posibles modificaciones al Decreto Ley 36.
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