El Gobierno nacional, liderado por el presidente Javier Milei, ha declarado oficialmente a la aeronáutica civil y comercial como un servicio esencial. Esta medida fue formalizada a través del decreto 825/2024, publicado recientemente en el Boletín Oficial.
El decreto establece lineamientos clave para garantizar la continuidad de los servicios durante conflictos laborales en el sector. Según la normativa, cualquier medida de acción directa que afecte parcial o totalmente la actividad aeronáutica civil aerocomercial, tanto pública como privada, estará sujeta a esta nueva reglamentación. Esto incluye actividades de inspección, habilitación y certificación realizadas por la autoridad competente o personas autorizadas.
Se exige que, antes de implementar medidas de fuerza, los sindicatos involucrados deben notificar con una anticipación de 5 días. Además, el decreto 831/2024 dispone que las partes acuerden, dentro de las 24 horas de la notificación, los servicios mínimos a mantener durante el conflicto.
Si no se llega a un acuerdo, la Autoridad de Aplicación intervendrá para determinar dichos servicios, asegurando que al menos el 50% de las actividades se mantengan, con una escala gradual en caso de huelgas prolongadas. El Gobierno también ha impuesto a las empresas la obligación de comunicar a los usuarios y consumidores los detalles de los servicios mínimos, así como la duración de las medidas.
El secretario de Trabajo, Julio Cordero, señaló que esta reglamentación busca proteger a los ciudadanos afectados por los paros en el sector aeronáutico. Sin embargo, cuatro sindicatos han calificado la decisión como "arbitraria e ilegal", y advirtieron que los funcionarios podrían enfrentar responsabilidades administrativas y penales.
La normativa prohíbe el uso de asambleas prolongadas que, según el Gobierno, han sido utilizadas como "paros encubiertos". En este sentido, establece que estas asambleas no pueden interrumpir la actividad normal ni afectar los servicios mínimos garantizados.
Finalmente, los gremios respondieron con un comunicado, recordando que el transporte ya está regulado como un servicio público de importancia trascendental, en conformidad con la ley 25.877, que regula el derecho de huelga. Esta nueva reglamentación fue elaborada por el Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, tras un paro que afectó gravemente los vuelos del viernes anterior.
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