En un paso más en la desregulación del sector aerocomercial argentino, la aerolínea española Plus Ultra se prepara para comenzar vuelos directos entre Buenos Aires y Madrid a partir de octubre de 2025.
El anuncio fue realizado durante el ALTA AGM & Airline Leaders Forum 2024 en Nassau, Bahamas, donde el presidente de la empresa, Julio Martínez, confirmó el nuevo destino en Argentina. Actualmente, Plus Ultra ofrece vuelos a países de Latinoamérica como Perú, Colombia, Guinea Ecuatorial y Venezuela.
Con sede principal en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y otra base en Tenerife Norte, Plus Ultra está en plena expansión y pasará de seis a diez aviones en 2026, todos del modelo Airbus A330. Al llegar a Argentina, la compañía competirá directamente con Iberia, Air Europa y Aerolíneas Argentinas. La aerolínea prevé realizar el anuncio oficial en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) en Madrid, en enero de 2025.
En declaraciones de 2023, el ejecutivo de Plus Ultra Gibson Preziuso destacó el interés de la compañía en Argentina debido al alto flujo de pasajeros entre ambos países, incluyendo tanto turismo como viajes corporativos. Preziuso señaló la importancia de destinos como El Calafate, Bariloche, Iguazú y el atractivo del turismo gastronómico argentino para los turistas europeos.
Este anuncio de expansión tiene lugar en un contexto de políticas de “cielos abiertos” implementadas por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado bajo la dirección de Federico Sturzenegger, y formalizadas mediante el decreto 599/2024. Desde julio, el ministerio ha impulsado la entrada de nuevas aerolíneas y la expansión de otras, como American Jet, Flybondi y JetSmart, con una creciente flota y nuevas rutas que buscan aumentar la conectividad y crear empleos en el sector.
Sin embargo, Plus Ultra también enfrenta un historial de controversias. En 2021, la aerolínea fue foco de críticas en España tras recibir un rescate financiero de 53 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Aunque el caso generó denuncias por malversación, tráfico de influencias y otros cargos, la justicia madrileña cerró la causa en 2023, señalando que “no aparece debidamente justificada la comisión de un delito”.
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