El templo emblemático de Gaudí en Barcelona nunca ha pagado la licencia de obra que le corresponde, como sí lo hace cualquier constructor o vecino que paga la tasa correspondiente cuando construye o rehabilita una propiedad.
Según calcula el Ayuntamiento, el templo de la Sagrada Familia tendría que abonar 8,4 millones de euros en diez años. Y dado que se espera que en el 2026 las obras finalicen, surge el cálculo de una tasa de 840.000 euros al año en concepto de permiso de obra. Esta licencia representa al 3,35% del presupuesto de la obra, y cada año los trabajos insumen unos 25 millones de euros.
Si bien el templo paga sus cuentas de luz, agua y gas, como cualquier otro edificio de la iglesia católica está exento del IBI, un impuesto que al arzobispado le implica un ahorro de 927.000 euros al año.
El presidente delegado de la Fundación Sagrada Familia, Esteve Camps, ha asegurado hoy que la basílica “está dispuesta a pagar los impuestos que le corresponda pagar según la ley”, en relación a la posibilidad de que tenga que abonar la licencia de obras al ayuntamiento barcelonés. Estas declaraciones se producen después de que el socialista Daniel Mòdol se quejara diciendo que:
El templo es una “mona de Pascua gigante” que no sigue el planteamiento del arquitecto Antoni Gaudí
El Gobierno de Ada Colau también expresó su intención de encontrar una solución a “la regularización de las obras”.
Si bien el Patronato asegura que está dispuesto a pagar los impuestos que le correspondan, argumenta que la basílica “no es una obra ordinaria”.
El presidente delegado de la Fundación Sagrada Família, Esteve Camps recordó que el templo ya dispone de un permiso que expidió en 1885 el antiguo pueblo de Sant Martí de Provençals a nombre de Antoni Gaudí y agregó:
“Ahora bien, para cualquier actuación concreta que se escapa de la propia construcción del templo o tiene una característica especial se pide el correspondiente permiso
El presidente delegado de la fundación eclesiástica sostiene que los gestores del templo “siempre” han estado abiertos al diálogo y que trabajarán para encontrar “las mejores soluciones posibles y un acuerdo beneficioso para la ciudad”.
