Según la nueva normativa que ha anunciado el Departamento de Estado de Estados Unidos, aquellas personas que planeen solicitar un visado para viajar a Estados Unidos tendrán que rellenar un cuestionario en el que deberán proporcionar sus nombres de usuario en las redes sociales, aquellas que hayan utilizado en los últimos cinco años, y también datos personales referentes a los últimos quince años.
Además de los datos relativos a las distintas redes sociales que se han utilizado, aquellos que soliciten un visado de entrada en Estados Unidos, tendrán que revelar sus distintas direcciones de correo electrónico y los números de teléfono que hubieran utilizado en los últimos años.
También será necesario aportar los números de pasaporte anteriores, los nombres y fecha de nacimiento de sus familiares directos y el nombre de las empresas para las que han trabajado en los últimos 15 años. Además, tendrán que señalar qué países han visitado y por qué motivo, así como las distintas direcciones en las que han vivido.
La medida, que entrará en vigor dentro de 60 días, una vez transcurrido el proceso de validación y presentación de enmiendas ciudadanas, se ha anunciado como respuesta a la orden emitida el pasado 6 de marzo de 2017 por la que Donald Trump pedía que se endureciera el proceso de aprobación de solicitudes de visado en el extranjero.
De hecho, ya se intentó aprobar el pasado 18 de mayo de 2017, aunque finalmente la aportación de los datos en las redes sociales quedó como algo voluntario para quienes solicitaran una exención de una visa bajo el programa “visa waiver”.
Pero ahora parece que la medida entrará en vigor. Oficialmente, el motivo por el que se aprueba es evitar que posibles terroristas o personas que puedan amenazar la seguridad nacional entren en el país.
Sin embargo, algunas organizaciones como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles aseguran que la recopilación de tanta información vulnera la libertad de expresión y asociación de los individuos.
“La gente ahora se preguntará si lo que publican en Internet puede ser malinterpretado por un agente del Gobierno”, señala Sina Shamsi, directora de la asociación, en una nota de prensa enviada a los medios.
